Contrariamente al viejo concepto de que un organismo del Estado es sinónimo de burocracia e ineptitud y en cumplimiento de una norma vigente hace cuatro años, un grupo de fiscalizadores del Consejo para la Transparencia (simulando ser usuarios o clientes ocultos), recorrió ocho regiones del país tomándole el pulso a 122 instituciones fiscales, con el objeto de verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia.



La normativa obliga a que las instituciones públicas entreguen información a la ciudadanía a través de consultas presenciales o vía web. Sin embargo, el estudio reveló grandes falencias en muchos de los organismos del Estado. No obstante, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) presente en todo el país, resultó con una alta votación, obteniendo un 99% de aprobación.



La clave es que algunas instituciones, como en el caso de la Dibam, para modificar tal imagen, reforzaron sus métodos de atención al público capacitado a sus trabajadores para cambiar la antigua visión de que los órganos del Estado son un sinónimo de burocracia.



Según la evaluación, la Dirección de Bibliotecas y Museos es la entidad "más transparente" junto a las municipalidades de Cerrillos y Quilpué; el Servicio de Salud de Talcahuano y las Sub Secretarías de Previsión Social; de Redes Asistenciales, y de Salud Pública (todas con un 99% de eficiencia).



En la vereda opuesta, las instituciones con más barreras y carencias son los municipios de Llanquihue (39%), Frutillar (38%) y la Central Nacional de Abastecimientos (Cenabast), con sólo un 20% de eficacia.



"Es de alta importancia que los organismos públicos puedan incorporar en sus planes de capacitación los alcances de esta ley", explica Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia. Esto, para que no se cometan errores como pedir demasiados datos a quien requiere información pública, cuando lo único que se señala es que se debe expresar el nombre y la dirección. Cualquier otro dato es una "barrera" que podría desmotivar a quienes requieran información.



Además de esta dificultad, el estudio se encontró con otros problemas como el surgido en la Central Nacional de Abastecimiento, donde los funcionarios desconocían el derecho de los ciudadanos a solicitar información. En este mismo tenor, en la Subsecretaría de Educación, los trabajadores le señalaron al inspector anónimo que las solicitudes sólo se recibían vía web, y que el jefe de la sección no atendería al usuario.



El próximo mes, todas las instituciones evaluadas recibirán un informe con las observaciones hechas por los "clientes ocultos" con el objeto de que puedan corregirlas.



En tal sentido, Jaraquemada asegura que "se analiza la posibilidad de realizar convenios con universidades para que estudiantes de profesiones afines a la gestión pública y al derecho administrativo, ingresen solicitudes de información en la modalidad de 'usuario simulado', para ampliar así la cobertura de la evaluación detectando la existencia de eventuales barreras".