El Consejo de Monumentos decidió por la unanimidad de sus integrantes reconocer como Monumento Histórico a los archivos de la principal institución defensora de los Derechos Humanos entre 1973 y 1990, otorgando protección patrimonial a un registro de la represión ejercida contra los opositores al Régimen Militar.

Para el director de la Dibam y vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales. Ángel Cabeza. "Los fondos documentales producidos por el Comité de Cooperación para la Paz y su continuador, la Vicaría de la Solidaridad, constituyen un archivo de carácter nacional en Chile, que dan cuenta de las acciones de defensa y promoción de los derechos humanos, del rol desempeñado por la Iglesia, de la historia de las víctimas y en sentido amplio, de una página oscura del país, pero que es importante preservar para la memoria", expresó.

Por su parte el abogado, Roberto Garretón y uno de los impulsores de la declaratoria manifestó que "solo en Chile se pueden contar las violaciones de los derechos humanos a través de los expedientes judiciales. Como serán de importantes que fueron declarados Patrimonio Documental de la Humanidad por la Unesco".

Un patrimonio de todos

Tras el Golpe Militar de 1973 y enterado de los primeros y dramáticos testimonios sobre masivas violaciones a los Derechos Humanos en el país, el Cardenal Raúl Silva Henríquez, creó junto a iglesias cristianas y la comunidad judía una organización ecuménica denominada Comité de Cooperación para la Paz en Chile, organización que posteriormente se convertiría ya bajo el alero exclusivo de la Iglesia Católica en la Vicaría de la Solidaridad.

El patrimonio documental que se convertirá en Monumento Nacional consta del trabajo de profesionales de la Vicaría de la Solidaridad y su antecesor, el Comité Pro Paz, que en la actualidad se encuentran resguardado y administrado por la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, desde el año 1992 hasta la actualidad.

El archivo está constituido por información recopilada sistemáticamente y consta de testimonios de familiares de víctimas, de causas judiciales, gestiones administrativas, testimonios de represores arrepentidos, material gráfico y audiovisual.

Al adoptar su decisión los consejeros consideraron como además como valores que el fondo documental es un aporte para la investigación académica y, especialmente, para los organismos de derechos humanos, chilenos y extranjeros, que requieren conocer de los hechos y de la valiosa experiencia de la Vicaría de la Solidaridad, como guía y orientación para sus propios trabajos.

Asimismo, este conjunto de documentos es una fuente de información primaria y excepcional para la elaboración del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig y para la construcción del informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech y que también la información resguardad y conservada por la Fundación, continua siendo de gran utilidad para investigaciones judiciales actuales y futuras.

Finalmente se estimó que la protección de estos documentos bajo la Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales, favorece la generación de las condiciones para su conservación y puesta en valor, promoviendo un espacio de alta relevancia para el acervo cultural del país.

Aprobada la declaratoria el Consejo remitirá al Ministerio de Educación los antecedentes para la dictación del decreto y su posterior publicación en el diario oficial.