La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM, obtuvo el 100 por ciento de puntaje en la evaluación que realizó la Dirección de Fiscalización del Consejo para la Transparencia, para medir en los organismos estatales el nivel de cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la información que deben publicar mensualmente en sus sitios electrónicos y que se conoce como "Transparencia Activa". Con este puntaje la DIBAM se ubica dentro de los 32 servicios públicos que obtuvieron la calificación máxima, dentro de los 109 existentes en todo el Estado. El estudio fue aplicado a un total de 267 instituciones de la administración pública que comprende ministerios (con todos los servicios), intendencias, gobiernos regionales, gobernaciones provinciales, servicios de salud y Servius, El proceso contempló dos etapas las que se desarrollaron entre el 15 de septiembre y el 17 de diciembre de 2010, los que incluyeron una primera medición, el envío del reporte con los resultados a todos los organismos con las indicaciones necesarias para mejorar los aspectos con menor puntaje. Posteriormente, se repitió el proceso, dando como resultado el informe final presentado en enero de 2011. "Felicitaciones a los funcionarios públicos y su preocupación por cumplir con las exigencias de transparencia", expresó Raúl Urrutia, presidente del Consejo para la Transparencia. Precisó que en general existe un buen cumplimiento con un 16,10 por ciento de los organismos obteniendo 100 puntos (la ponderación máxima) y el 91 por ciento (243 organismos) aumentó su puntaje entre la primera y segunda evaluación. Todo ello permite que el puntaje promedio de todos los organismos fiscalizados es de 93,82 por ciento, 5,64 más alto que el obtenido en octubre. Urrutia destacó que la medición fue hecha desde una lógica ciudadana, considerando los aspectos de la información que son más relevantes para las personas. El fin último de la transparencia es garantizar el derecho de los ciudadanos para acceder a la información pública.