Santiago, 11 de abril de 2025.

Frente a versiones de prensa respecto de la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT), Nélida Pozo Kudo, la institución considera necesario aclarar una serie de afirmaciones que, sin el debido contexto, inducen a interpretaciones erradas sobre la gestión institucional.

La directora nacional no tiene condena laboral ni de ninguna otra índole. Tampoco existen procesos judiciales que hayan derivado en una sentencia que acredite maltrato o infracción de derechos.

El SERPAT es una institución con cerca de 1.850 funcionarios, y la directora lidera un equipo que incluye a más de 40 jefaturas a nivel nacional y regional, en un sistema administrativo en el que, naturalmente, como en cualquier institución pública o privada, pueden surgir conflictos que deben ser abordados conforme a la normativa vigente.

Tres de las causas citadas como vigentes en las versiones de prensa fueron archivadas mediante avenimientos judiciales, es decir, están concluidas por voluntad expresa de las partes, y dos de las tutelas laborales en curso corresponden a funcionarios que fueron destituidos mediante sumarios administrativos, tras ser sancionados por faltas graves a la probidad. Estas decisiones fueron adoptadas de acuerdo con la legislación vigente y con pleno respeto al debido proceso.

Sobre ellas, ninguna de las asociaciones de funcionarios del Servicio, a saber, Anatrap y Anfupatrimonio, que juntas representan al 72% de los trabajadores asociados, presentó algún reclamo ni de forma ni de fondo.

Transferencias: recursos públicos con fines patrimoniales claros y fiscalizados

Respecto de la transferencia de $98.156.000 desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a la Fundación Salvador Allende, se subraya que fue realizada en virtud de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2025 (Ley N°21.722), específicamente en su Partida 29, Capítulo 03, Programa 05, Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 241, Glosa 11.

La asignación fue incorporada durante 2021, en la última discusión presupuestaria del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y aprobada por el Congreso Nacional en noviembre de ese año para su ejecución desde 2022 en adelante.

Esta glosa se enmarca en un criterio de política pública que también ha permitido apoyar el trabajo de otras fundaciones presidenciales como las de Frei y Aylwin, en tanto promueven valores democráticos, derechos humanos y memoria histórica.

El traspaso fue formalizado mediante un convenio aprobado por Resolución Exenta N°225 del 19 de febrero de 2025, el cual establece metas, acciones específicas y mecanismos de control y rendición de cuentas. Del total asignado, un 89,79% se destina a ejecutar un plan de gestión que contempla conservación patrimonial, fortalecimiento de la biblioteca, actividades educativas y comunitarias, y participación en iniciativas como el Día de los Patrimonios.

Entre las restricciones del convenio destacan: no puede destinarse a funcionarios del Servicio, las remuneraciones tienen un tope de 138 UF brutas, y se exige devolución de fondos no utilizados o mal rendidos. Además, la Fundación ha debido presentar garantías por el 100% del monto.

Toda la documentación —incluyendo el plan de gestión, las cláusulas del convenio, los informes exigidos y el detalle del presupuesto— se encuentra disponible en el Portal de Transparencia del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en cumplimiento de la normativa vigente y de los estándares de acceso a la información pública.

Casa Allende: directora no participó en actos administrativos

Respecto de la casa del expresidente Salvador Allende, se precisa que la directora nacional, Nélida Pozo Kudo, no participó de los actos administrativos que originaron el intento de adquisición. Su rol se limitó a una etapa técnica preliminar, y no ha sido imputada ni formalizada por delito alguno. Su participación ha sido en calidad de testigo y ha colaborado plenamente con el Ministerio Público.

“Estoy absolutamente centrada en mi trabajo, en el fortalecimiento del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y en avanzar en la instalación definitiva de una institucionalidad clave para el país. Mi foco está en las políticas públicas que permiten resguardar el patrimonio de todas y todos los chilenos, y en seguir trabajando con transparencia, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía. Las controversias que se han intentado instalar no se sostienen ni en lo jurídico ni en lo administrativo. Aquí hay un equipo que ha actuado con plena legalidad y vocación pública, y seguiremos haciéndolo”, señaló la directora nacional, Nélida Pozo Kudo.

El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural reafirma su compromiso con la legalidad, la probidad y la transparencia en el ejercicio de sus funciones, y reitera su disposición a seguir colaborando con todos los órganos de control y fiscalización del Estado.